El juicio de amparo es la figura jurídica más poderosa que existe en México para proteger a las personas frente a actos de autoridad violatorios de sus Derechos Humanos.
Está prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulada en la Ley de Amparo. Se nos enseña en la facultad de Derecho como una herramienta heroica: cualquiera puede promoverlo cuando sus derechos humanos o garantías constitucionales han sido violados por una autoridad. La realidad, sin embargo, es muy distinta. En la práctica, el juicio de amparo es un procedimiento técnico, costoso, limitado por criterios jurisprudenciales y, por lo tanto, inaccesible para la gran mayoría de los ciudadanos.
El artículo 103 constitucional establece que los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos. El 107, por su parte, fija las reglas de procedimiento del juicio, incluyendo el principio de instancia de parte agraviada. Esto significa que, salvo excepciones, solo puede promover un amparo quien sufre directamente el acto reclamado. Suena lógico en términos procesales, pero en la práctica se convierte en el primer obstáculo: ¿cómo sabe una persona común cuándo está siendo víctima de un acto inconstitucional? ¿Cómo puede identificar a la autoridad responsable, justificar el interés jurídico y presentar su demanda en el plazo máximo de quince días hábiles, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo?
Ese es el núcleo del problema. Aunque la Constitución establece que todos tenemos derecho a acceder a la justicia, el juicio de amparo exige conocimientos jurídicos que la mayoría no tiene. Y aunque la Corte ha reconocido excepciones en casos urgentes, como la figura del amparo indirecto en casos de detención arbitraria, la vía sigue siendo ineficiente, lenta y, en muchos casos, ilusoria. Los requisitos formales son tantos que el fondo muchas veces se pierde entre tecnicismos procesales. La sentencia puede tardar años. Y cuando llega, si se concede el amparo, sus efectos pueden ser limitados, sobre todo si se trata de normas generales, donde aplica el criterio del “efecto relativo”, es decir, solo protege a quien lo promovió.
El otro gran problema es el uso desigual del amparo. Mientras las grandes empresas lo utilizan para frenar reformas fiscales o administrativas, y mientras los despachos corporativos lo han convertido en una herramienta de presión institucional, las personas sin recursos difícilmente lo consideran una opción. No porque no tengan derecho, sino porque no tienen acceso. Esta contradicción es tan profunda como evidente: el instrumento constitucional más avanzado para la protección de los derechos humanos se ha convertido en un recurso reservado a quienes pueden pagar abogados especializados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples criterios, ha reiterado que el juicio de amparo no es un recurso ordinario, sino uno excepcional. Y aunque esa naturaleza tiene sentido desde la técnica procesal, también ha servido como excusa para mantener al amparo alejado del ciudadano común. Las reglas sobre procedencia, suplencia de la queja, interés jurídico y sobre todo el principio de relatividad de las sentencias han sido interpretadas de forma restrictiva. No para proteger los derechos, sino para conservar el orden procesal.
El juicio de amparo debería ser una vía accesible, rápida y efectiva para toda persona que sufre una violación de sus derechos por parte del Estado. Pero no lo es. Está diseñado para proteger a todos, pero en la práctica solo protege a unos cuantos. Y mientras no se reforme su diseño, no se simplifique su procedimiento y no se invierta en una verdadera educación jurídica ciudadana, el juicio de amparo seguirá siendo lo que ya es: una figura constitucional brillante, pero elitista. Un recurso extraordinario que muy pocos conocen, que menos aún pueden usar, y que difícilmente logra corregir, en tiempo y forma, las injusticias de todos los días.
